ACTUALIZACIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA COMPRAVENTA CIVIL Y MERCANTIL

 

Estimados Amigos de El Mundo del Derecho y Cicerón Corpus Iuris Civilis: Nuestro máximo tribunal de justicia constitucional (Suprema Corte de Justicia de la Nación), dentro del semanario judicial de la Federación tiene publicadas jurisprudencias relevantes sobre la compraventa civil y mercantil. A continuación, les transcribiremos estos criterios jurisprudenciales que se publicaron en dicho medio de información digital:

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2023189

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Undécima Época

Materias(s): Civil

Tesis: I.9o.C.54 C (10a.)

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Tipo: Aislada

ACUMULACIÓN DE ACCIONES. PROCEDE RESPECTO DE LAS DE OTORGAMIENTO Y FIRMA EN ESCRITURA DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA Y DE ENTREGA MATERIAL DEL INMUEBLE MATERIA DE ÉSTA, AL SER AMBAS PETITORIAS Y NO CONTRARIAS O CONTRADICTORIAS CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

Hechos: En un juicio ordinario civil se demandó, por una parte, la declaración de validez del contrato de compraventa y el otorgamiento por el demandado, ante notario, de la escritura de compraventa y, por otra, la entrega de la posesión del inmueble objeto del juicio; se constituyó la rebeldía y se condenó al demandado al otorgamiento y firma en escritura pública del contrato privado de compraventa; contra dicha resolución el actor interpuso recurso de apelación, toda vez que el Juez natural no se pronunció sobre la entrega de la posesión del bien; en dicho recurso la Sala confirmó la resolución impugnada, al establecer que si bien el actor no ejercitó acciones contradictorias, en el caso demandó prestaciones tanto petitorias como posesorias, considerando que se adecuaban al supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que prohíbe acumular en una misma demanda las acciones posesorias con las petitorias; dicha resolución es la que constituye el acto reclamado en el amparo directo.

 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que procede la acumulación de las acciones de otorgamiento y firma en escritura de un contrato de compraventa y de entrega material del inmueble materia de ésta, al ser ambas petitorias y no contrarias o contradictorias conforme al segundo párrafo del artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México.

Justificación: El referido precepto prevé la procedencia del ejercicio de varias acciones en común y en contra de una misma persona, para que todas se sustancien procesalmente y se resuelvan en una sola sentencia, aunque procedan de diferentes títulos o su causa de pedir sea distinta, con la finalidad de privilegiar el principio de economía procesal y evitar sentencias contradictorias, garantizando el derecho a una administración de justicia completa, pronta y expedita (por ejemplo, cuando se reclama el cumplimiento o la rescisión de un contrato y, como consecuencia, el pago de diversas prestaciones accesorias). Ahora bien, el artículo en comento establece como excepción a esta regla general, cuatro prohibiciones específicas de la acumulación de pretensiones en una demanda, a saber: a) si se trata de acciones contrarias o contradictorias, esto es, cuando la procedencia de una acción excluya a la otra, por ejemplo, cuando se demanda la acción de nulidad de un contrato y conjuntamente la de cumplimiento forzoso de éste, pues en una se reconoce la validez del contrato, mientras que en otra se persigue su nulidad; b) si se demandan acciones petitorias y posesorias, por ejemplo, cuando se reclama como prestación petitoria el derecho real de propiedad y, por otra parte, como acción posesoria, se demanda el interdicto para retener la posesión, cuya finalidad únicamente es proteger la posesión contra cualquier perturbador y no propiamente exigir el reconocimiento de propiedad; c) si se ejercitan acciones que dependan necesariamente una de la otra; por ejemplo cuando se demanda de una sociedad que se le otorgue a una persona la calidad de socio que es constitutiva de derechos y al mismo tiempo se exige la rendición de cuentas, que es un derecho de los socios que ya han sido reconocidos previamente, en este caso, la segunda acción depende necesariamente del resultado de la primera; y, d) cuando por su cuantía o naturaleza corresponden los reclamos a jurisdicciones diferentes, por ejemplo, si se ejercita una acción de indemnización por daños y perjuicios (acción civil), derivados de infracciones administrativas a la propiedad industrial, que corresponden ser establecidas previamente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que es una autoridad administrativa, para luego poder intentar la acción civil de indemnización por daños y perjuicios. Contrario a ello, las acciones serán compatibles cuando no se excluyan o contradigan entre sí, cuando no sean petitorias unas y posesorias otras; cuando no sea necesario elegir entre una u otra acción, porque no dependan necesariamente una de otra y puedan ejercitarse ambas a la vez, ya que la concesión de la tutela jurídica de una, no niega la tutela de la otra; o porque no pertenezcan a jurisdicciones diferentes. En el caso, no se actualiza el supuesto de excepción de la procedencia de acumulación de pretensiones prevista en el segundo párrafo del artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, ni representa una incompatibilidad para su trámite o resolución conjunta el que el actor demande el otorgamiento y firma en escritura de un contrato de compraventa, que en su carácter de comprador celebró con el demandado, como acción petitoria prevista en el artículo 27 del citado ordenamiento, y también reclame en la misma demanda la entrega del bien inmueble materia del contrato, porque ambas pretensiones son petitorias, por ser consecuencia de la celebración del contrato de compraventa, la entrega de la cosa vendida, de conformidad con el artículo 2283 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México y, por consiguiente, son acumulables.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 163/2020. Uriel Juvencio Ordoñez Palacios. 26 de noviembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Polo Rosas Baqueiro. Secretaria: Lourdes García Nieto.

Esta tesis se publicó el viernes 04 de junio de 2021 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2021730

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Décima Época

Materias(s): Común, Civil

Tesis: (IV Región)1o.15 C (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, página 908

Tipo: Aislada

CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA CIERTA. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ANALIZARLO A FIN DE DETERMINAR SI EL ACTO JURÍDICO CONTENIDO EN AQUÉL ES SUFICIENTE PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE UN DERECHO SUBJETIVO EN FAVOR DEL ACCIONANTE, QUE DEBA SER PROTEGIDO POR LA JUSTICIA FEDERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE).

 

Si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 21/2010, de rubro: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO.", determinó que el contrato privado de compraventa de fecha cierta que el tercero extraño al procedimiento de origen exhibe en el juicio de amparo, es suficiente para acreditar su interés jurídico para ejercer la acción constitucional y reclamar su derecho de audiencia respecto del inmueble del que se ostenta propietario, y que es objeto de controversia en un juicio del orden civil; lo cierto es que ello no impide ni exime al juzgador de amparo para analizar dicho contrato a fin de determinar si en términos de los artículos 2147 y 2168 del Código Civil del Estado de Campeche el acto jurídico contenido en aquél es suficiente para demostrar la existencia de un derecho subjetivo en favor del accionante que deba ser protegido por la Justicia Federal. Lo anterior es así, toda vez que es menester que se demuestre que quien se ostentó como vendedor en aquel contrato privado de compraventa de fecha cierta estaba legitimado para trasladar la propiedad del bien inmueble a terceros, es decir, al quejoso en el juicio constitucional.

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.

 

Amparo en revisión 334/2019 (cuaderno auxiliar 1003/2019) del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Raúl Bentura Martínez Itzab. 11 de diciembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Vega Ramírez. Secretaria: Lucero Edith Fernández Beltrani.

 

Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 21/2010 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 259, con número de registro digital: 164792.

Esta tesis se publicó el viernes 06 de marzo de 2020 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2020947

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Décima Época

Materias(s): Civil

Tesis: III.2o.C.114 C (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2312

Tipo: Aislada

COMPRAVENTA MERCANTIL. EL ARTÍCULO 380 DEL CÓDIGO DE COMERCIO REGULA EL PAGO CONTRA LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA Y NO EL REALIZADO A LA VISTA, APLICABLE A LOS TÍTULOS DE CRÉDITO.

El precepto citado, se encuentra inmerso en el libro segundo "Del comercio en general", título sexto "De la compraventa y permuta mercantiles, de la cesión de créditos comerciales y de la consignación mercantil", capítulo I "De la compraventa", del artículo 371 al 387 del Código de Comercio. El diseño normativo de esos preceptos confirma que la expresión "pagar de contado", contenida en el artículo 380, debe entenderse como el realizado contra la entrega de la mercancía, lo cual no es equiparable a la hipótesis de "pago a la vista" de un documento, propio de los títulos de crédito. Sobre este último concepto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha indicado que la expresión "a la vista" se refiere a la hipótesis en la cual el "vencimiento se da a la presentación del documento ante el suscriptor, para su pago". La doctrina coincide con esa postura pues, se explica, por "a la vista", "cuando el título de crédito es expedido con esa forma de vencimiento, deberá ser pagado al momento de su presentación al cobro". En consecuencia, el concepto "pagadero a la vista" se vincula con la fecha de vencimiento de un título de crédito, en cuya hipótesis deberá ser pagado al momento de su presentación al cobro. Como es sabido, los títulos de crédito son todos aquellos documentos necesarios para ejercitar el derecho literal en ellos consignado; por ende, es lógico que una hipótesis determinante de su vencimiento sea, precisamente, la exhibición a la vista del comprador o deudor del documento continente del derecho literal cuyo ejercicio se pretende, dada la propia naturaleza de este tipo de instrumentos. Así, los dos conceptos analizados son distintos pues el deber de "pagar de contado" se refiere a la hipótesis de pago contra la entrega de la mercancía, tratándose de compraventas mercantiles, no contra la exhibición propiamente de algún documento, tal como opera con los títulos de crédito, bajo el postulado "pagadero a la vista".

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 118/2019. Editorial Matro, S.A. de C.V. 4 de julio de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Miguel Ruiz Matías. Secretario: Shelin Josué Rodríguez Ramírez.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de noviembre de 2019 a las 10:19  horas  en el Semanario Judicial de la Federación.

Próximamente analizaremos cual es la diferencia entre una compraventa civil y mercantil. Esto lo podrán verificar en el Podcast de El Mundo del Derecho y Cicerón Corpus Iuris Civilis.

 

 

ACTUALIZACIÓN JURISPRUDENCIAL DEL 28 DE MAYO Y 4 DE JUNIO DEL AÑO 2021

 

Estimados Amigos de El Mundo del Derecho y Cicerón Corpus Iuris Civilis: Nuestro máximo tribunal de justicia constitucional (Suprema Corte de Justicia de la Nación), a través del Semanario Judicial de la Federación, publicó la actualización jurisprudencial correspondiente a los días 28 de mayo y 4 de junio del año 2021. A continuación, les transcribiremos los recientes criterios jurisprudenciales que se publicaron en dicho medio de información digital:

 

Época: Undécima Época

Registro: 2023175

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 28 de mayo de 2021 10:33 h

Materia(s): (Civil)

Tesis: I.11o.C.147 C (10a.)

 

PENSIÓN ALIMENTICIA. EL PLAZO MÁXIMO DEL DERECHO A RECIBIRLA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 288, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE DECRETE LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, SIEMPRE Y CUANDO, PREVIO A ELLO, SE HAYA FIJADO AL DEUDOR ALIMENTARIO UNA PENSIÓN ALIMENTICIA, AUN PROVISIONAL.

 

Hechos: En un juicio de divorcio se fijó una pensión alimenticia provisional a favor de uno de los consortes. Se decretó la disolución del vínculo matrimonial y, en resolución emitida con posterioridad, se fijó la pensión alimenticia definitiva. El deudor alimentario promovió incidente de cancelación de pensión alimenticia, pues ya había transcurrido un plazo igual al en que había durado el matrimonio. El incidente se declaró improcedente, pues la autoridad judicial estimó que el divorcio se decretó antes de que se resolviera sobre la pensión alimenticia definitiva y era a partir de esta última que comenzó a correr el referido plazo, dicha resolución fue apelada y el tribunal de alzada la confirmó, la cual se reclamó en amparo, cuya sentencia es materia de la revisión.

 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que el plazo máximo del derecho a recibir una pensión alimenticia, previsto en el artículo 288, último párrafo, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, debe computarse a partir de que se decrete la disolución del vínculo matrimonial, siempre y cuando, previo a la emisión de esa resolución, se haya fijado al deudor alimentario una pensión alimenticia, aun provisional pues, de lo contrario, transcurrirá a partir de que se comience a pagar ésta al ex consorte.

 

Justificación: Lo anterior, porque si bien la resolución que decreta el divorcio es el detonante para establecer el derecho para uno de los cónyuges a seguir recibiendo alimentos, en términos del artículo 288 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, el periodo por el que debe durar ese derecho, conforme a lo previsto en su último párrafo –por un término igual al que duró el matrimonio–, sólo transcurrirá a partir del dictado de esa resolución, si previo a ésta el cónyuge acreedor alimentario ya recibía alimentos, aun provisionales pues, de lo contrario, el referido lapso para recibir alimentos sólo podrá iniciar hasta que el ex consorte, acreedor alimentario, comience a recibir el pago correspondiente, con motivo de una resolución emitida en el propio juicio de divorcio o en diversa controversia del orden familiar. Además, el citado artículo 288 no hace distinción a si alguno de los excónyuges ya recibía o no una pensión alimenticia provisional, ni vinculó la duración máxima del derecho a recibir alimentos, después de decretado el divorcio, a que en el propio juicio se hubiere resuelto sobre la pensión alimenticia definitiva. Pues al establecer que el derecho a recibir alimentos se extingue cuando haya transcurrido un término igual a la duración del matrimonio, es evidente que la intención del legislador fue vincular el inicio de ese plazo, como máximo, a la resolución que decreta el divorcio –siempre que durante el juicio se hayan fijado alimentos– y se hayan comenzado a pagar al cónyuge acreedor alimentario, antes que se decrete el divorcio. Lo anterior, pues es claro que es el divorcio la resolución que marca el fin del matrimonio y, por ende, el punto de partida para que comience a transcurrir un plazo igual al en que duró el matrimonio, como término máximo en el que tendrá vigencia el derecho del ex consorte que así lo necesite, de percibir alimentos, salvo que, como se ha mencionado, antes que transcurra ese plazo dicho ex consorte contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato. Por ello, por regla general, el plazo previsto en el citado artículo 288, en su último párrafo, no debe comenzar a computarse a partir de que en el juicio de divorcio se fijó la pensión alimenticia definitiva, porque de acuerdo con la naturaleza de los alimentos derivados del divorcio, el punto de partida para que el derecho a recibirlos por un plazo igual al en que duró el matrimonio sólo queda vinculado a: 1. La existencia previa de un matrimonio; o a 2. Su disolución por determinación judicial. Por lo que es la fecha en la que se decreta el divorcio la que marca la pauta para que empiece a transcurrir el plazo igual a la duración del matrimonio, como aquel término en el que el ex cónyuge, acreedor alimentario, tendría derecho a seguir percibiendo alimentos de su ex consorte, si durante el juicio de divorcio gozó del pago de alimentos.

 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

 

Amparo en revisión 96/2019. 20 de septiembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretaria: Miriam Aidé García González.

 

Esta tesis se publicó el viernes 28 de mayo de 2021 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

 

Época: Undécima Época

Registro: 2023166

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 28 de mayo de 2021 10:33 h

Materia(s): (Común)

Tesis: I.11o.C.55 K (10a.)

 

EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EN MATERIA CIVIL. CUANDO EN EL AMPARO INDIRECTO SE ESTIMA ILEGAL, LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SÓLO DEBE CONCRETARSE A ORDENAR AL JUEZ RESPONSABLE QUE DEJE INSUBSISTENTE LO ACTUADO A PARTIR DE LA ACTUACIÓN VICIADA Y REPONGA U ORDENE REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA CONDUCIRLO HASTA SU CONCLUSIÓN, SEGÚN LAS LEYES QUE LO RIGEN.

 

Hechos: El quejoso reclamó, en amparo indirecto, el emplazamiento que se le practicó en el juicio en materia civil; en la sentencia se concedió la protección constitucional y se vinculó al Juez de origen a dejar insubsistente todo lo actuado y ordenar al actuario de su adscripción practicar de nueva cuenta el emplazamiento, con el apercibimiento de la imposición de medidas de apremio al quejoso, en caso de advertirse evasivas por su parte que dificulten que la autoridad responsable pueda cumplir con el fallo protector; dicha resolución es la que constituye el acto reclamado en la revisión.

 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que cuando se reclama en amparo indirecto el emplazamiento y, por ende, todo lo actuado en el juicio en materia civil, y el juzgador encuentra que esa diligencia no se ajustó a las formalidades legales para su validez, sólo debe conceder al quejoso la protección constitucional solicitada para que se deje insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen a partir del emplazamiento y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión, según las leyes que lo rigen.

 

Justificación: Lo anterior, porque conforme a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN.", y a la contradicción de tesis 451/2016, de la que derivó, cuando en la sentencia de amparo se estima que el emplazamiento a juicio es ilegal, los efectos del fallo protector de ninguna manera pueden vincular en forma expresa al Juez responsable a ordenar que se lleve a cabo nuevamente el emplazamiento a la demandada al juicio de origen, y menos pretender vincular a la quejosa para que no entorpezca esta última actuación. Ello, pues la jurisdicción del juzgador de amparo cesa una vez que emite sentencia; de ahí que corresponderá al Juez responsable, en el ámbito de sus atribuciones, llevar a cabo el procedimiento encaminado a cumplir con el fallo protector. En congruencia con lo anterior, conforme a los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, la jurisdicción del Juez de Distrito sólo se reactiva una vez que causa ejecutoria el fallo protector; empero, ésta sólo constriñe a la constatación del cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo y, por virtud de ello, de oficio o a petición de parte, a emitir las medidas conducentes para garantizar el cabal cumplimiento del fallo protector. De todo lo expuesto se evidencia que: 1. En el fallo protector el juzgador federal no puede constreñir en forma alguna a la parte quejosa, pues la materia del juicio de amparo es el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional y no la conducta de la quejosa. 2. De encontrar el juzgador de amparo que el emplazamiento, como acto reclamado, es contrario al orden constitucional, debe limitarse a conceder la protección constitucional a la parte quejosa y vincular a la autoridad responsable a dejar insubsistente el emplazamiento reclamado, así como los actos posteriores, y restablezca u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según la legislación procesal que lo rige; y 3. Sólo hasta que cause ejecutoria el fallo protector es que el juzgador federal podrá supervisar su cabal cumplimiento y, en su caso, de oficio o a petición de parte, emitir las resoluciones que estime convenientes a fin de lograr el correcto y completo cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo. Además, es importante señalar que si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida en la jurisprudencia referida, señaló que los efectos de la protección constitucional cuando el acto reclamado es el emplazamiento y, por ende, todo lo actuado en un juicio de naturaleza civil, son que el Juez responsable "deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen", ello no puede entenderse necesariamente en el sentido de que el Juez responsable, inmediatamente después de que se le requiere el cumplimiento del fallo protector, deba ordenar que se lleve a cabo de nueva cuenta el emplazamiento al demandado, pues además de que en forma expresa no lo señaló así el Alto Tribunal en las citadas ejecutoria y jurisprudencia, es evidente que, conforme a la legislación procesal que rige el juicio de origen, el juzgador, previo a llevar a cabo el emplazamiento, deberá verificar si es o no conducente la continuación del procedimiento natural.

 

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

 

Amparo en revisión 208/2019. Daniel Durán Soto. 28 de agosto de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretaria: Miriam Aidé García González.

 

Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.) y la parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 451/2016 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de diciembre de 2017 a las 10:13 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 49, Tomo I, diciembre de 2017, página 287 y 50, Tomo I, enero de 2018, página 165, con números de registro digital: 2015693 y 27590, respectivamente.

 

Esta tesis se publicó el viernes 28 de mayo de 2021 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

 

Época: Undécima Época

Registro: 2023174

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 28 de mayo de 2021 10:33 h

Materia(s): (Civil)

Tesis: XXIV.2o.4 C (10a.)

 

NULIDAD DEL MATRIMONIO. TANTO LOS HIJOS O HEREDEROS DE LA PRIMERA UNIÓN DE LA PERSONA QUE CONTRAJO SEGUNDAS NUPCIAS CON EL DE CUJUS ESTANDO CASADA, COMO LOS DEL PRIMER ENLACE DE ÉSTE, TIENEN LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA PARA EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA Y TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 241 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NAYARIT).

 

Hechos: En el juicio ordinario familiar el actor demandó la nulidad del matrimonio que su fallecido padre contrajo con una persona cuyo primer enlace civil aún subsistía. En la sentencia de primera instancia se declaró procedente esa acción; sin embargo, la Sala responsable, al resolver el recurso de apelación determinó absolver a la demandada, al considerar que el promovente carecía de legitimación en la causa para ejercerla; dicha resolución es la que constituye el acto reclamado en el amparo directo.

 

Criterio jurídico: De una interpretación extensiva y teleológica del artículo 241 del Código Civil para el Estado de Nayarit, este Tribunal Colegiado establece que tanto los hijos o herederos de la primera unión de la persona que contrajo segundas nupcias con el de cujus estando casada, como los del primer enlace de éste, tienen legitimación activa en la causa para ejercer la acción de nulidad del matrimonio.

 

Justificación: Lo anterior es así, porque del artículo 241 del Código Civil para el Estado de Nayarit se advierte que la acción para demandar la nulidad de un segundo matrimonio por la circunstancia de que al tiempo de contraerlo aún estaba vigente el primero corresponde: a) al cónyuge del primer matrimonio; b) a sus hijos o herederos; c) a los dos cónyuges de la segunda unión; y, d) al Ministerio Público cuando las citadas personas no deduzcan la acción; de ahí que la acción para demandar esa nulidad no es exclusiva del cónyuge, de los hijos o herederos del primer matrimonio del cónyuge casado en segundas nupcias cuando aún subsistía el primero, pues el precepto citado no lo expresa en esos términos, y donde la ley no distingue no le corresponde al juzgador hacerlo. Por otra parte, el artículo 11 de la legislación invocada dispone que las leyes que establecen excepción a las reglas generales no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas. En ese sentido, si bien es cierto que el artículo 241 invocado, en apariencia no señala acción expresa a los hijos o herederos del primer matrimonio del cónyuge que no incurrió en "bigamia" –en el caso, de cujus–, también lo es que tampoco los desautoriza expresamente. Considerar lo contrario implicaría establecer una restricción al derecho de acceso a la justicia, cuando en el propio Código Civil no se encuentra prevista esa restricción y sí, en cambio, como lo dispone la legislación adjetiva, la posibilidad de iniciar un procedimiento judicial o de intervenir en él, corresponde a quien tenga interés legítimo en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena a su favor.

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO.

 

Amparo directo 70/2019. 23 de octubre de 2020. Unanimidad de votos; mayoría en relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidente y Ponente: Carlos Alberto Martínez Hernández. Encargado del engrose: Fernando Rochin García. Secretario: Gilberto Lara Gómez.

 

Esta tesis se publicó el viernes 28 de mayo de 2021 a las 10:33 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

 

Época: Undécima Época

Registro: 2023213

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 04 de junio de 2021 10:10 h

Materia(s): (Constitucional, Civil)

Tesis: I.8o.C.88 C (10a.)

 

USURA. AL ANALIZARLA RESPECTO DE UN PAGARÉ CELEBRADO ENTRE PERSONAS FÍSICAS, DEBE APLICARSE LA TASA DE INTERÉS EFECTIVA PROMEDIO PONDERADA (TEPP), PARA CLIENTES NO TOTALEROS Y CALCULARSE LA MÁS BAJA.

 

Tratándose de créditos otorgados entre particulares no puede utilizarse el Costo Anual Total (CAT) para analizar la usura, debido a que considera elementos que no pueden aplicar para éstos, como los gastos relativos a la instalación y mantenimiento de sucursales bancarias y el pago de empleados. Por ello, debe aplicarse la Tasa de Interés Efectiva Promedio Ponderada (TEPP) para clientes no totaleros, más cercana a la fecha de suscripción del pagaré. Y si ésta varía entre una tasa más alta y otra más baja para entidades del sector financiero mexicano, no puede promediarse para calcular los intereses generados por la mora en el pago de un pagaré celebrado entre personas físicas, sino que debe calcularse la más baja, porque el crédito no lo otorga una institución de crédito, la cual eroga gastos como infraestructura y pago de sueldos de personal y comisiones, entre otros, sino que deriva de una relación entre personas físicas que no realizan esa clase de gastos al celebrar los préstamos documentados en pagarés.

 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

 

Amparo directo 101/2020. 19 de junio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. del Refugio González Tamayo. Secretario: José Antonio Franco Vera.

 

Esta tesis se publicó el viernes 04 de junio de 2021 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Undécima Época

Registro: 2023189

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 04 de junio de 2021 10:10 h

Materia(s): (Civil)

Tesis: I.9o.C.54 C (10a.)

 

ACUMULACIÓN DE ACCIONES. PROCEDE RESPECTO DE LAS DE OTORGAMIENTO Y FIRMA EN ESCRITURA DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA Y DE ENTREGA MATERIAL DEL INMUEBLE MATERIA DE ÉSTA, AL SER AMBAS PETITORIAS Y NO CONTRARIAS O CONTRADICTORIAS CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

 

Hechos: En un juicio ordinario civil se demandó, por una parte, la declaración de validez del contrato de compraventa y el otorgamiento por el demandado, ante notario, de la escritura de compraventa y, por otra, la entrega de la posesión del inmueble objeto del juicio; se constituyó la rebeldía y se condenó al demandado al otorgamiento y firma en escritura pública del contrato privado de compraventa; contra dicha resolución el actor interpuso recurso de apelación, toda vez que el Juez natural no se pronunció sobre la entrega de la posesión del bien; en dicho recurso la Sala confirmó la resolución impugnada, al establecer que si bien el actor no ejercitó acciones contradictorias, en el caso demandó prestaciones tanto petitorias como posesorias, considerando que se adecuaban al supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que prohíbe acumular en una misma demanda las acciones posesorias con las petitorias; dicha resolución es la que constituye el acto reclamado en el amparo directo.

 

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que procede la acumulación de las acciones de otorgamiento y firma en escritura de un contrato de compraventa y de entrega material del inmueble materia de ésta, al ser ambas petitorias y no contrarias o contradictorias conforme al segundo párrafo del artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México.

 

Justificación: El referido precepto prevé la procedencia del ejercicio de varias acciones en común y en contra de una misma persona, para que todas se sustancien procesalmente y se resuelvan en una sola sentencia, aunque procedan de diferentes títulos o su causa de pedir sea distinta, con la finalidad de privilegiar el principio de economía procesal y evitar sentencias contradictorias, garantizando el derecho a una administración de justicia completa, pronta y expedita (por ejemplo, cuando se reclama el cumplimiento o la rescisión de un contrato y, como consecuencia, el pago de diversas prestaciones accesorias). Ahora bien, el artículo en comento establece como excepción a esta regla general, cuatro prohibiciones específicas de la acumulación de pretensiones en una demanda, a saber: a) si se trata de acciones contrarias o contradictorias, esto es, cuando la procedencia de una acción excluya a la otra, por ejemplo, cuando se demanda la acción de nulidad de un contrato y conjuntamente la de cumplimiento forzoso de éste, pues en una se reconoce la validez del contrato, mientras que en otra se persigue su nulidad; b) si se demandan acciones petitorias y posesorias, por ejemplo, cuando se reclama como prestación petitoria el derecho real de propiedad y, por otra parte, como acción posesoria, se demanda el interdicto para retener la posesión, cuya finalidad únicamente es proteger la posesión contra cualquier perturbador y no propiamente exigir el reconocimiento de propiedad; c) si se ejercitan acciones que dependan necesariamente una de la otra; por ejemplo cuando se demanda de una sociedad que se le otorgue a una persona la calidad de socio que es constitutiva de derechos y al mismo tiempo se exige la rendición de cuentas, que es un derecho de los socios que ya han sido reconocidos previamente, en este caso, la segunda acción depende necesariamente del resultado de la primera; y, d) cuando por su cuantía o naturaleza corresponden los reclamos a jurisdicciones diferentes, por ejemplo, si se ejercita una acción de indemnización por daños y perjuicios (acción civil), derivados de infracciones administrativas a la propiedad industrial, que corresponden ser establecidas previamente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que es una autoridad administrativa, para luego poder intentar la acción civil de indemnización por daños y perjuicios. Contrario a ello, las acciones serán compatibles cuando no se excluyan o contradigan entre sí, cuando no sean petitorias unas y posesorias otras; cuando no sea necesario elegir entre una u otra acción, porque no dependan necesariamente una de otra y puedan ejercitarse ambas a la vez, ya que la concesión de la tutela jurídica de una, no niega la tutela de la otra; o porque no pertenezcan a jurisdicciones diferentes. En el caso, no se actualiza el supuesto de excepción de la procedencia de acumulación de pretensiones prevista en el segundo párrafo del artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, ni representa una incompatibilidad para su trámite o resolución conjunta el que el actor demande el otorgamiento y firma en escritura de un contrato de compraventa, que en su carácter de comprador celebró con el demandado, como acción petitoria prevista en el artículo 27 del citado ordenamiento, y también reclame en la misma demanda la entrega del bien inmueble materia del contrato, porque ambas pretensiones son petitorias, por ser consecuencia de la celebración del contrato de compraventa, la entrega de la cosa vendida, de conformidad con el artículo 2283 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México y, por consiguiente, son acumulables.

 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

 

Amparo directo 163/2020. Uriel Juvencio Ordoñez Palacios. 26 de noviembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Polo Rosas Baqueiro. Secretaria: Lourdes García Nieto.

 

Esta tesis se publicó el viernes 04 de junio de 2021 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

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